Pese al protagonismo que le han dado otros gobiernos a los combustibles fósiles, en Colombia se ha hecho recientemente un esfuerzo por una transición energética justa. Esta ha venido acompañada de una moratoria a nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, la firma de la Declaratoria del Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles, entre otras acciones para descarbonizar la sociedad.

Al mismo tiempo, sectores favorables a los combustibles fósiles han ejercido presión para perpetuar proyectos extractivos. Mientras se usa la narrativa del “gas como combustible de transición” y de soberanía energética para impulsar proyectos de gas costa afuera, los proyectos de ley para prohibir el fracking y los yacimientos no convencionales no han sido aprobados por el Congreso. En cuanto al carbón, la iniciativa para generar una nueva ley minera que prohíba la adjudicación de nuevos contratos para la exploración y explotación de carbón térmico sigue sin aprobarse.